Solamente quienes encabezan un gobierno –sea seccional o nacional- deciden si serán transparentes o no. La razón es sencilla: bajo su responsabilidad está facilitar o dificultar el acceso a la información; es decir, son ellos quienes deciden atender a los pedidos de datos, ya sea para generar más información, contrastarla o verificarla, más allá de que se traten de temas que no necesariamente forman parte de la agenda de contenidos que importa a esa autoridad.
Desde el fortalecimiento de las redes sociales, la idea de transparencia se ha esfumado del imaginario de las cabezas de gobierno. Al parecer, consideran que presentar un video (o varios) durante el dÃa, sea vÃa TikTok o Instagram, y algunos comentarios en X, respecto a lo que ellos consideran importante es suficiente. Pero no lo es. Voy a dar al menos tres razones al respecto.
La primera es que hay un derecho fundamental reconocido por el Ecuador: la libertad de información. Esta consta no solo en los tratados internacionales firmados hace más de 50 años y otros suscritos posteriormente, sino porque también está en la Constitución. Este, que es un derecho de cualquier ciudadano, es particularmente útil para los periodistas, especialmente a aquellos que son considerados molestos, porque preguntan sobre temas que no se quieren abordar, y que se resume en otro derecho: la libertad de prensa, también consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La libertad de prensa permite construir la agenda mediática, que no es otra cosa que los temas que un medio, cibermedio o periodista decide abordar, porque lo considera importante para una determinada comunidad o la sociedad en su conjunto. En tiempos de audiencias altamente fragmentadas, que escogen lo que quieren ver, leer o escuchar, a fin de atender a sus necesidades de información, se necesita abordar temáticas diversas con las autoridades o voceros. Esto no quita la obligación de esos periodistas de ir a los sitios, hablar con otras personas, construir una historia.
La segunda razón es que no todos se informan por redes. Si bien hay polÃticos que optan por las redes, porque tienen más cercanÃa con su audiencia o ayudan a que la burbuja creada en su entorno se mantenga, están obligados a rendir cuentas. La pregunta inmediata es cómo se obliga a rendir cuentas a alguien que no entiende que es parte de su obligación. Bueno, ahà justamente está el trabajo polÃtico de los seguidores y los detractores que, en un esquema de pesos y contrapesos, debieran concentrarse en conocer en serio cuál es la gestión de determinado funcionario. Eso es parte del sistema democrático que, en el caso del Ecuador, nadie lo recuerda. Y la prensa debe apoyar en esto, a través de su decisión de no dejar abandonados los temas ante la ausencia de respuesta gubernamental.
La tercera razón debiera ser obvia para todos, porque hasta hace siete años vivÃamos asÃ: el estado de propaganda. Cuando las autoridades pujan por imponer su agenda de temas o contenidos en el debate público, no permiten las preguntas o cuestionamientos y la única versión que se escucha es la del gobierno, construyen un relato que trata de ser impuesto, dejando de lado la pluralidad. En el corazón del trabajo periodÃstico esto no es posible, porque parte de su obligación está en la reconstrucción de los hechos, en mostrar las diversas caras que hay. Muletillas como que no les contestan las preguntas ni les aceptan las entrevistas son una advertencia de que están perdiendo algo valiosÃsimo que Ryszard KapuÅ›ciÅ„ski denominaba los cinco sentidos del periodista (estar, ver, oÃr, pensar y compartir). No es nuevo ni desconocido que los gobiernos nieguen la información, eso es parte del juego entre el poder y la prensa. El punto está en no bajar los brazos.