El Pleno de la Asamblea Nacional trató en segundo debate el informe de la Ley para la Aplicación de la Consulta Popular y el Referendo 2024 impulsados por el presidente Daniel Noboa. En la reunión, este 2 de julio, se trataron las reformas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El informe llegó con las propuestas de manos de la comisión ocasional designada para la tarea.
El presidente Daniel Noboa, por su parte, el 29 de junio, acusó a la Asamblea de ignorar la voluntad popular y proteger a delincuentes, por una presunta intención de reducir las penas.
Aunque, luego, desde el Legislativo se aseguró que no se contemplaba la disminución de los rangos en la privación de la libertad en los delitos.
Más noticias
La propuesta en la Asamblea tras la consulta de Daniel Noboa
La propuesta de la comisión ocasional incluyó 24 artículos, 16 de los cuales reforman el COIP. Los restantes modifican la Ley de Extinción de Dominio. Daniel Noboa, como en cualquier Ley, tiene la opción del veto.
En comisión general en el Legislativo (que se reunió de manera virtual), el experto en Derecho Penal, Pablo Encalada, analizó el contexto del aumento de penas y calificó al COIP como una norma represiva.
A su vez, puntualizó que Daniel Noboa consultó a la ciudadanía sobre el incremento de las penas, pero no sobre cómo quedarían los rangos. No obstante, el Ejecutivo ya había enviado una propuesta a la Asamblea.
Por ejemplo, sobre el asesinato, la pena vigente es de 22 a 26 años, el Ejecutivo planteó de 26 a 30 y la comisión acogió el planteamiento.
Sobre el planteamiento que fue a segundo debate en la Asamblea, Encalada enfatizó que requiere de una evaluación, porque, por ejemplo, resulta más grave vender un arma que un asesinato o una violación.
Se requiere una revisión en las penas propuestas
Lo propio, añadió el Experto, sobre la minería artesanal. Actualmente, la pena es de 1 a 3 años y la propuesta fue incrementar de 13 a 16.
En ese caso, dijo, se asume que todos quienes realizan la actividad están involucrados con grupos de delincuencia organizada e, incluso, se está condenando la pobreza.
Sobre la extinción de dominio, en la consulta popular y el referendo se planteó la reducción del tiempo de los procedimientos, pasar de seis meses de la etapa de investigación a 30 días.
Según Encalada, si bien hay que revisar y reducir los períodos, se puede promover la impunidad por la falta de tiempo para las indagaciones.
En la sesión, además, se compartió una exposición de la fiscal Diana Salazar, en la que indicó que el aumento de penas debe observar estándares proporcionales. A su vez, hizo la referencia sobre que un hecho poco grave no se puede castigar igual que otro más grave.
El efecto, según Diana Salazar, podría ser que no habría mayor inhibición para cometer delitos graves, cuya frecuencia podría aumentar.
“¿El aumento de penas se está convirtiendo en una política criminal efectiva? (…) Pese al aumento de las penas, el índice de criminalidad no ha bajado; entonces, vemos que hay otros factores”.
Exposición de la comisión sobre el informe
El asambleísta Carlos Vera, encargado de exponer el informe, pidió un minuto de silencio por el asesinato del excandidato a la Alcaldía de Portoviejo, José Mendoza, ejecutado minutos antes del arranque de la sesión del Pleno.
El Legislador condenó la violencia que se vive en Ecuador y, en el contexto de la muerte de Mendoza, respaldó la necesidad de acciones y de aprobar el incremento de penas.
Carlos Versa, además, rechazó las críticas de Daniel Noboa y aseguró que se acogieron los planteamientos de manera responsable.
Algunos antecedentes
La legisladora Lucía Posso, justamente, en la comisión, antes del debate, presentó una moción para que los textos normativos referentes al aumento de penas y otras reformas, sean los originales propuestos por el presidente Daniel Noboa.
Ya en el Pleno, Lucía Posso reafirmó que se trata de una necesidad y un pedido de los ecuatorianos. “Los delincuentes no le tienen miedo ni a la cárcel ni a la muerte, no podemos ser blandos ante la violencia que campea en el país, y en nuestras manos está tomar la posibilidad de imponer drásticas penas”.
La Asambleísta también se refirió a que cada instancia haga su parte y que las sentencias dejen de tener precios.
Apuntó, además, que el incremento de penas también implica una inversión adicional del Estado y una reestructuración del sistema carcelario que, actualmente, alberga a unos “40 000” privados de la libertad.
Las reformas al COIP, apegadas a la voluntad popular, contemplan el incremento de penas privativas de libertad para delitos graves como terrorismo, producción y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.
Motivos incluidos en el informe
En el informe se incluyó que Ecuador ha experimentado un “gravísimo” incremento en los índices de violencia en los últimos años. Para el primer semestre de 2022, las estadísticas de la Policía Nacional reportaron unas 4 603 muertes violentas.
Ese año la tasa de homicidios fue de 26 por cada 100 000 habitantes con tendencia a crecer,
convirtiendo al Ecuador en el país más violento de la región.
En el 2023, se indicó que se registró un mayor incremento de homicidios en la historia del país, con una persona muerta cada 69 minutos.
También se incluyó que la Policía Nacional reportó que en 2023 se registraron 7 592 muertes violentas, más de 40 fallecidos por cada 100 000 habitantes.
Esas cifras representan un aumento de un 64,9% respecto de las 4 603 muertes de 2022.
Finalmente, el presidente de la comisión ocasional, Carlos Vera, determinó que el proyecto regrese a la delegación por 48 horas para analizar lo expuesto en el segundo debate.