El nivel de violencia que se vive en Manabí, Guayas, Los Ríos y otras localidades exige una revisión más profunda de las estrategias para mejorar la seguridad. La reducción de las masacres no puede depender únicamente de declaratorias de estado de excepción ni de operativos militares.
De enero a abril de 2024, el Ministerio del Interior registró 1609 muertes violentas en las siete provincias bajo estado de excepción. Según el Ejecutivo aumentaron a 1920 hasta mayo, lo que equivale a un promedio diario de 13 personas fallecidas, una cada dos horas.
Es imperativo replantear las estrategias para reducir la violencia generada por el narcoterrorismo, la delincuencia común, la violencia intrafamiliar y comunitaria.
Solo basta alzar la mirada a México. Ahí también se cometió el mismo error de pensar que la fuerza armada es la solución a todo los males.
Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional y derechos humanos en México, lo advirtió en 2022. Falta comprender mejor las causas sociales, económicas y políticas de las violencias.
En México, al igual que en Ecuador, se ha insistido en “visiones simplistas”. Una de ellas es que la violencia es producto de enfrentamientos entre poderosos grupos criminales.
“El control político de estas narrativas ha buscado desviar la atención del fondo del problema, mantiene la impunidad e impide una articulación social. Esta visión monolítica de la realidad dificulta la comprensión y la búsqueda de alternativas para dar soluciones”, dice Jacobo Dayán
Los casos Metástasis y Purga subrayan la necesidad de investigar más el vínculo entre grupos criminales, empresas formales y autoridades locales. La ciudadanía está cansada de operativos que muestran hallazgos impactantes en medios y redes sociales, sin soluciones reales.
El reciente decreto que declara estado de excepción en siete provincias argumenta la prevalencia de asesinatos en espacios públicos. Pero casos como el del asambleísta Cristhian Nieto y su pareja en un circo de Manta evidencian la persistencia de la violencia en lugares abiertos.
El 90 % de muertes violentas ocurridas en cuatro meses involucraron armas de fuego, principalmente en espacios públicos de zonas urbanas.
La economía local, el turismo y la vida cotidiana siguen afectados, cobrando vidas inocentes, incluyendo las de niños y adolescentes.
Las soluciones —como dice Dayán— están lejos de llegar si se sigue explicando que la violencia es producto de enfrentamientos entre bandas o que la masacre “estaba direccionada” y dejó “daños colaterales”.
Es crucial dejar atrás explicaciones vagas sobre la violencia y trabajar hacia soluciones concretas para los problemas estructurales de Ecuador.